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Asesoría Corral cumple ya con los requisitos establecidos por la Ley 10/2010

La ley Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la obligación para todas las asesorías, notarios, abogados y procuradores, entidades aseguradoras, promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas y contables, entre otros sectores, de adoptar una serie de medidas formales y de actuación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica mediante el establecimiento de unas obligaciones concretas.

Asesoría Corral, como sujeto obligado, y para garantizar siempre un servicio riguroso y profesional a sus clientes, ha realizado ya los trámites para adoptar una serie de medidas y elaborar los documentos pertinentes que menciona la Ley, a fin de dar correcto cumplimiento a la misma. Todo ello bajo las directrices de nuestra asociación profesional (AECE) que ha celebrado un interesante y completo seminario, al que hemos acudido como es habitual, el pasado viernes en Santiago.

Asimismo entre las medidas que hemos puesto en marcha, está la de cumplir lo establecido en el art. 29 de la Ley que expresa la obligación de formar a todos sus empleados en materia de Prevención de blanqueo de capitales para que tengan conocimiento de la exigencias derivadas de esta Ley, así como el compromiso de mantener continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación. Para ello nuestro personal ha pasado por un examen concreto que evalúa su aptitud y conocimientos en este ámbito.

Cabe destacar además que existe un régimen sancionador que contempla faltas muy graves, graves, y leves, teniendo que enfrentarse por ejemplo las asesorías que no cumplan estos requisitos de formación, a una falta grave y a la correspondiente sanción que oscila entre los 60.001 y los 150.000 euros.

La obligatoriedad de cumplimiento de esta Ley, se extiende tanto a las asesorías que funcionen como persona física, como bajo la figura de persona jurídica, aunque en éste último caso las obligaciones y medidas difieren y se amplían hasta el punto de tener que pasar por una auditoría externa que controle dicho sistema de prevención.

Fuente| Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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