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Desmenuzamos la picaresca de las nuevas medidas del Gobierno: financiación a ayuntamientos para el pago a proveedores

Todos conocemos la dificultad a la que se enfrentan los proveedores de los ayuntamientos a la hora de cobrar las facturas pendientes, y el agravamiento que esta situación ha sufrido como consecuencia de la crisis en la que estamos sumidos. Pues bien, el Gobierno parece que quiere poner solución al retraso que las administraciones tienen en el pago de sus facturas de una manera sumamente curiosa, y para ello ha publicado en el BOE de hoy el RDL 4/2012 que establece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Según las declaraciones de la propia ministra Soraya Sáenz de Santamaría, esto permitirá que a partir de mayo los proveedores comiencen a cobrar las facturas que los ayuntamientos les adeudan. Pero no todo podría ser tan sencillo, y para ello el mecanismo que ha ideado el Gobierno para lograr este objetivo es el siguiente:

Los propios ayuntamientos tendrán que enviar por vía telemática y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15 de marzo, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos establecidos, para así evaluar el volumen real de deuda con sus proveedores. Dicha relación, que se expedirá por el interventor con obligación de informar al pleno de la corporación local, detallará:

    a) Identificación del contratista
    b) Importe del principal de la obligación pendiente de pago, impuesto sobre el valor añadido o impuesto general indirecto canario incluido en su caso, sin inclusión de intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios
    c) Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura, anterior siempre a 1 de enero de 2012
    d) Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los Tribunales de Justicia antes de 1 de enero de 2012

Podrán acogerse al este mecanismo los proveedores que tengan obligaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes. Además esas obligaciones pendientes de pago deben reunir varios requisitos concurrentes:

    a) ser vencidas, líquidas y exigibles
    b) que la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012
    c) que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Es importante señalar que las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión, en la relación certificada remitida, y además se establece una obligación para las entidades locales de expedir certificaciones individuales a requerimiento de los proveedores para hacer valer sus derechos de cobro, cuyo modelo oficial se aprobará antes del 12 de marzo.

Una vez remitida la relación certificada prevista, el interventor, en caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, elevará al pleno de la corporación local un plan de ajuste, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012, y el mecanismo de financiación.
Y aquí es donde parece que este RDL tiene la “picaresca” porque establece prioridades en el pago de las deudas en función de:

  1. Descuento ofertado sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago, es decir, el descuento que el proveedor sea ccapaz de offrecerle sobre las facturas que el ayuntamiento le adeude. Es más se podrá establecer un descuento mínimo en cada fase de pago, y diferenciar también a pequeñas empresas y autónomos, del resto.
  2. Que se trate de una obligación pendiente de pago cuya exigibilidad se haya instado ante los Tribunales de Justicia antes del 1 de enero de 2012
  3. La antigüedad de la obligación pendiente de pago

Como podemos ver, parece que de esta manera el Gobierno pretende reducir de manera sospechosamente rápida las deudas de las entidades locales, pero a costa de jugar con la necesidad de liquidez de las empresas que han sido sus proveedores y que en este momento atraviesan muchas dificultades debido al retraso en los cobros, obligándoles a ajustar a la baja los trabajos o servicios inicialmente facturados.

Fuente | BOE

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