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Las medidas que plantea el Gobierno para la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal

Se trata de momento de un anteproyecto, por tanto aún no aprobado, pero que reúne una serie de medidas destinadas a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. La futura ley supone la intensificación del control sobre los defraudadores y fija medidas novedosas para lograr cobrar deudas tributarias defraudadas. que pasamos a desglosar.

Limitación de los pagos en efectivo en determinadas operaciones
Se limitarán los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros en las siguientes situaciones:

  • Operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales.
  • Operaciones realizadas por personas físicas con empresas y/o profesionales.
  • No se aplica a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares.
  • No se aplica a operaciones realizadas con entidades de crédito


El incumplimiento de la medida supone una infracción administrativa, que afecta tanto al pagador como el receptor del pago, que será penalizada con una sanción del 25% del valor del pago satisfecho en efectivo. Si bien se “librará” de dicha sanción el sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la Administración en los tres meses de haberse producido el pago, es decir quien lo denuncie.

Contribuyentes con cuentas en el extranjero
Se establece la obligación para todos los contribuyentes que tengan cuentas y valores en el extranjero de informar sobre ellas a través del modelo que se aprobará al efecto. La infracción por no hacerlo conllevará una multa mínima de diez mil euros. Se declara además, y atención a este aspecto muy importante, la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. En IRPF la tributación de las rentas descubiertas conllevará la aplicación de tipos marginales, en muchos casos superiores al 50%, la liquidación de intereses de demora correspondientes a cuatro años y la exigibilidad de las sanciones tributarias correspondientes.

Exclusión del régimen de Módulos para algunos empresarios
Se contempla la exclusión del régimen de Estimación Objetiva, conocida habitualmente como Módulos, de los empresarios que facturen menos del 50% de sus ingresos a particulares, siempre que sus rendimientos íntegros superen los 50.000 euros anuales.
Se prevé que esta medida afecte a actividades sujetas a la retención del 1% como carpintería, fabricación de artículos de ferretería o de carpintería, confección, industria del mueble de madera, impresión de textos o imágenes, albañilería, instalaciones y montajes, revestimientos, cerrajería, fontanería, pintura, trabajos en yeso y escayola, transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas.

Ampliación de la responsabilidad de los sucesores de sociedades
Para evitar el vaciamiento patrimonial de las sociedades que vayan a ser liquidadas, se amplía la responsabilidad de sus sucesores a las percepciones patrimoniales recibidas con anterioridad a la liquidación formal, que viene a significar que se pretende establecer la responsabilidad subsidiaria del administrador de cualquier sociedad por los impagos de los impuestos recibidos en nombre de terceros si no existe intención real de pagar.
Tal como se explicaba como ejemplo, si una empresa realiza en el primer trimestre un aplazamiento del IVA a tres meses, paga el segundo trimestre pero en cuanto llega el tercer trimestre no afronta el aplazamiento ni paga este modelo, el responsable automático del pago de dichas cuotas de IVA es el administrador, dado que sería de aplicación la falta de intención real de pagar.

Obligaciones telemáticas y nuevas sanciones por su incumplimiento
Por otro lado, el anteproyecto de ley crea un nuevo tipo de infracción tributaria para los que no respeten las obligaciones en la presentación de autoliquidaciones o declaraciones telemáticas. Llevará aparejadas sanciones fijas en el supuesto de autoliquidaciones, y variables, en función del número de datos, en el supuesto de declaraciones informativas.

Endurecimiento de las sanciones por resistencia a una inspección
Se endurecen las sanciones a imponer por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Las sanciones cuando no desarrolle actividades económicas, serán de un mínimo de 1.000 euros y de un máximo de 100.000 euros. Pero las sanciones que se impondrán al obligado tributario inspeccionado cuando desarrolle actividades económicas, serán de un mínimo de 3.000 euros y de un máximo de 600.000 euros.

Vemos pues que a través de todas estas medidas, el Gobierno pretende sacar a la luz a los defraudadores, y controlar todavía más a las empresas. Se avecinan tiempos difíciles y muy burocráticos para todos.

Fuente | Ministerio de Hacienda y AAPP
Foto | Moncloa

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