Nuevo Registro Civil más ágil e informatizado

El pasado día 4 la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Registro Civil, que ahora remitirá al Senado, y supone una importante transformación del actual sistema de registro en nuestro país, con origen en el año 1957.

El nuevo modelo impulsa un Registro Civil electrónico con una base de datos única para toda España, adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los usuarios. En el momento que este nuevo Registro comience a funcionar, el ciudadano tendrá la posibilidad de solicitar por medios electrónicos desde su domicilio la información que obra en el Registro, además se podrá proceder a la inscripción telemática con independencia del lugar donde se produzca el hecho inscribible.

Los centros hospitalarios comunicarán los nacimientos y las defunciones al Registro Civil. Asimismo, cada ciudadano tendrá un registro individual en el que se inscribirán todos los hechos y actos relativos a su vida civil, no como ocurría hasta ahora, en que cada inscripción obraba en un tomo distinto para cada hecho de su vida: nacimiento, matrimonio, fallecimiento.

Hasta este momento el Registro Civil estaba territorializado y por tanto su información dispersa. Con el nuevo Registro, que será único para toda España y pasa a depender directamente del Ministerio de Justicia, tendrá varias oficinas en cada comunidad autónoma.

Los trámites que el ciudadano realice con el Registro, se realizarán con un código personal coincidente con el DNI. Y además las Administraciones públicas se comunicarán entre sí de oficio, evitando así al ciudadano la solicitud de documentación (normalmente certificaciones) en el Registro Civil para presentarlas ante otros órganos de la Administración.

Por último, entre otras numerosas novedades, cabe señalar la posibilidad de elegir el orden de los apellidos de los hijos, que modifica lo establecido por la Ley de Registro Civil de 1999 que mantenía la prevalencia del primer apellido paterno en caso de desacuerdo de los progenitores. Esta solución introducía una discriminación en detrimento de la mujer en caso de desacuerdo, contraria al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución y tampoco se ajustaba a las Recomendaciones de la UE sobre la materia.

Más información en La Moncloa

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